Las entidades farmacéuticas firmaron con las autoridades del PAMI una prórroga del Convenio de prestación de medicamentos a los beneficiarios del Instituto, vigente desde el año 2018.
Así lo informaron este miércoles las entidades que representan a las farmacias de todo el país, responsables del acuerdo: la Federación Argentina de Cámara de Farmacasi (FACAF), la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA);la Asociación de Farmacias Mutales y Sindicales de Argentina (AFMSRA); la Federación Farmacéutica (FEFARA) y la Asociación Mutual Farmasur (AMS).
La prórroga del acuerdo es por 8 meses, con vencimiento el 30 de noviembre, y establece una fórmula de actualización del Precio PAMI con el objetivo de alcanzar una sustancial reducción de la brecha entre precios en el transcurso del año, ya que mensualmente y partir de abril el Precio PAMI se actualizará acompañando el índice de inflación más un adicional cercano al 4%; lo cual, de verificarse una tendencia a la baja de la inflación general, permitiría alcanzar el objetivo.
Por otra parte el PAMI planteó una política de seguimiento de las prestaciones y control de los consumos, en base a parámetros sanitarios, con el objetivo de que sus afiliados no vean afectado el acceso a sus medicamentos.
A su vez, en lo que hace a las bonificaciones del resto de los planes que forman parte del convenio, se mantendrán sin cambios los actuales porcentajes de aporte de las farmacias.
En el mismo sentido se mantendrá el régimen de pagos como hasta ahora, de manera de que la farmacia siga pudiendo atender el Convenio PAMI sin arriesgar capital de trabajo, al cobrar anticipadamente el costo de los medicamentos dispensados.
“De esta manera llevamos tranquilidad a los beneficiarios del PAMI y a las farmacias prestadoras acerca de la continuidad del servicio de dispensa de medicamentos, tal y como se viene brindando con responsabilidad profesional y eficiencia sanitaria en todo el país”, dijeron las autoridades de FACAF.
Finalmente, se ha creado una mesa de trabajo que tendrá como finalidad resolver las controversias que se susciten respecto a la implementación, ejecución y aplicación del Convenio, como de la identificación y aplicación de débitos.
