Tras diez años prófuga, una mujer fue acusada ayer por su participación en el crimen de Alfredo Roca Jalil, cometido el 14 de abril de 2014 y por el que ya fue condenado por un jurado popular Gabriel Darío Salcedo. La imputada es P.L.C, a quien durante una audiencia realizada el lunes, la asistente letrada de Junín de los Andes Elizabeth Pellicer le formuló cargos como coautora del crimen.
Además, la representante del Ministerio Público Fiscal pidió que quede detenida con prisión preventiva por 4 meses, con el objetivo de evitar una fuga y resguardar el proceso hasta la realización del juicio. La jueza de garantías Laura Barbé dictó la medida cautelar, pero solo por un mes, y además sostuvo que durante ese plazo, la defensa podrá realizar los trámites que considere para gestionar una tobillera electrónica y solicitar una detención domiciliaria.
Según la teoría del caso que planteó Pellicer, entre las 22 del 13 de abril y la madrugada del día siguiente en 2014, P.L.C y Gabriel Darío Salcedo mataron a Alfredo Roca Jalil, de 65 años de edad, durante un robo que llevaron a cabo en la hostería “El Montañez”, de Junín de los Andes. Horas antes, minutos antes de las 19, habían realizado una reserva de habitación en el lugar y al momento del registro, que fue realizado por un hijo de la víctima, realizaron preguntas sobre las rutinas del lugar y el personal que trabajaba allí. Pellicer explicó que cerca de las 22 se fueron del lugar y retornaron pasada la medianoche, cuando solicitaron a la víctima que fuera a su habitación, dónde la golpearon y maniataron para poder revisar la hostería. Roca Jalil murió producto de las heridas que le provocaron. Salcedo fue capturado tiempo después en la provincia de Buenos Aires y un jurado popular lo declaró responsable por el homicidio –cumple una pena de 22 años de prisión- mientras que la mujer estuvo prófuga hasta el lunes, cuando fue capturada en un control fronterizo.
Pellicer le atribuyó a P.L.C el delito de homicidio en ocasión de robo, en calidad de coautora (artículos 165 y 45 del Código Penal) y pidió 4 meses para realizar una serie de medidas necesarias para completar la investigación. Si bien cuenta con la mayor parte de las evidencias que se requieren para llevarla a juicio, la asistente letrada explicó que restan exámenes de ADN y pericias relacionadas con cámaras de seguridad. En ese contexto encuadró el pedido de 4 meses de prisión preventiva, para evitar una eventual fuga durante la investigación.
El querellante en representación de familiares de la víctima, el abogado particular Emanuel Roa Moreno, adhirió a los pedidos.
La jueza coincidió con los planteos y fijó el plazo para la investigación, pero restringió la medida cautelar a un mes.
