En una audiencia de formulación de cargos realizada el día miércoles, la asistente letrada Inés Geréz acusó a un hombre por haber abusado sexualmente de tres niños pertenecientes a su entorno familiar. Además le atribuyó haber promovido la corrupción de menores, delito que además le imputó a su esposa que también es parte del grupo familiar.
La fiscalía le atribuyó al acusado los delitos de abuso sexual simple -tres hechos- abuso sexual simple reiterado, en concurso real con el delito de abuso sexual doblemente agravado por haber sido cometido mediando acceso carnal y por el vínculo; en concurso real con corrupción de menores, doblemente agravado por la minoría de edad de las víctimas y por el vínculo, en calidad de autor (artículos 119, tercer y cuarto párrafo inciso b y 125 tercer párrafo, 45 y 55 del Código Penal).
En cuanto a la mujer, quedó acusada por el delito de corrupción de menores doblemente agravado por la minoría de edad de las víctimas y por el vínculo, en calidad de coautora (artículos 125 segundo y tercer párrafo y 45 del Código Penal).
Durante la audiencia la funcionaria de la fiscalía manifestó ante la magistrada, la necesidad de que ambas personas permanezcan detenidas con prisión preventiva “ante la extrema vulnerabilidad de los niños”. La medida fue solicitada por el plazo de cuatro meses y fue fundada en el riesgo de entorpecimiento y el peligro para la integridad de las víctimas.
En ese contexto Gerez aseguró que existen elementos suficientes para sostener que los delitos se cometieron y que los imputados son los autores del mismo. Planteó que la prisión preventiva es “absolutamente indispensable para asegurar los fines del proceso”.
En la misma línea lo hizo la defensora de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, quien intervino en representación de la víctima (querellante institucional).
La jueza de garantías dio por formalizada la acusación y fijó un plazo de investigación de cuatro meses. En cuanto a la medida cautelar hizo lugar al pedido y ambos imputados quedaron detenidos con prisión preventiva por el plazo solicitado.
De acuerdo a la teoría del caso que investiga el Ministerio Público Fiscal es que los hechos ocurrieron en fecha indeterminada, pero que podrían situarse entre enero y agosto de este año, en una vivienda familiar ubicada en la localidad de San Martín de los Andes. En ese período de tiempo el imputado abusó sexualmente de los tres niños pertenecientes a su entorno familiar.
Además a ambos imputados se les atribuyó que en ese mismo periodo de tiempo, promovieron la corrupción de niños.
